La creación de un producto crediticio especial denominado Préstamo de Contingencia Covid-19 en el marco de la Ley N° 6524/2020 (de emergencia) es la propuesta realizada por un grupo de 24 gremios de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) al Gobierno Nacional, con el fin de inyectar recursos a este sector y así paliar la situación creada por las medidas sanitarias, que conllevan a una falta de ingresos para muchas firmas.

 

Jorge Figueredo Klein, de la Asomipymes, explicó que el diseño de dicho producto toma como premisa que la crisis sanitaria tendrá una duración de tres meses (hasta junio) y que se ha propuesto un crédito “blando” equivalente a tres meses de facturación a fin de proveer de recursos para: el pago de salarios y honorarios de trabajadores dependientes y colaboradores; gastos fijos como alquileres, servicios básicos; y capital operativo para pago a proveedores.

 

Las microempresas –según señala el proyecto– tendrían un límite de préstamo de hasta G. 150 millones, las pequeñas un tope de G. 600 millones y las medianas de hasta G. 1.500 millones; con una tasa baja (de entre 3% al 7 %), un plazo de gracia de mínimo 6 a 12 meses y un plazo de retorno entre 36 a 48 meses.

 

De esta manera, la herramienta busca ser un “respiradero” para evitar el colapso de los emprendedores y empresarios, consideró Figueredo. Al mismo tiempo, hace “que no se corte la cadena de pagos de la economía nacional, cuyos costos de recuperación serían mucho más grandes para todos si enfrentáramos una situación de quiebras e insolvencias masivas”, añadió.

 

Asimismo, hizo énfasis en que las pymes constituyen el 90% de las unidades económicas en el país y ocupan el 67% de la mano de obra, conforme con las estadísticas que manejan desde Asomipymes.

 

Conforme a los cálculos del gremio, si se considera la cantidad de empresas que corresponden al segmento de mipymes, se requerirá (en un escenario conservador) al menos USD 3.000 millones para satisfacer la demanda del sector, recursos que pueden canalizarse a través del Banco Nacional de Fomento (BNF), Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), las cooperativas y bancos privados, además del programa Pytyvõ, en el caso de los considerados informales. Vale resaltar que en estas proyecciones no se incluyen a las grandes empresas.

 

“La Ley N° 6542 solamente otorgó a las pymes G. 120.000 millones (menos de USD 19,2 millones), lo cual ilustra el desafío de todo el país a fin de contar con estos fondos para capitalizar y mantener viva a la primera línea de la economía local”, señaló Figueredo.

 

Urgencia para acción entre el sector público y privado

 

Para Jorge Figueredo Klein, es urgente la necesidad de acción conjunta para detectar entre los sectores público y privado fuente de recursos internos y externos para, por un lado, alimentar el Fondo de Garantía del Paraguay (Fogapy), y por el otro, poner en vigencia el producto de emergencia y contar con recursos para el desembolso de los préstamos en la brevedad posible. “Es en este momento donde los actores del sistema financiero, el BNF y las cooperativas están llamados a cumplir incluso una función social fundamental, quizás a costa de un mínimo lucro, pero siempre salvaguardando la estabilidad del sistema”, dijo. Agregó que la inyección de capital “al primer eslabón de la economía nacional” permitiría desde los puntos de vista social, económico y político mantener una cuarentena más prolongada tendiente a una apertura gradual y sistemática.

 

Gremios de mipymes propusieron crear un préstamo con una tasa de hasta 7% y un plazo de retorno de hasta 48 meses. Consideran que el segmento requerirá como mínimo USD 3.000 millones.